martes, 20 de abril de 2010

El precio de contrariar a Hugo Chavez

Daniella Wagner

Desde hace cuatro meses, la juez venezolana María Lourdes Afiuni Mora siente en su carne las consecuencias de contrariar al presidente Hugo Chavez. Tras poner en libertad condicional el banquero Eligio Cedeño, acusado de corrupción, la juez fue arrestada. El Ministerio Público la acusó de estar presuntamente implicada en irregularidades que habrían permitido su evasión. Cedeño es un desafecto de Chávez puesto que financiaba políticos de oposición. La decisión de la juez irritó al presidente, que solicitó en su programa dominical Aló Presidente la “pena máxima” para ella: “Esa juez merece 30 años de prisión”, sentenció, después de referirse a la magistrada como una “bandida”.

Desde entonces, María Lourdes Afiuni, que siempre ha tenido una reputación impecable, está detenida en el cárcel de Los Tanques, junto a otras 600 mujeres, de las cuales 24 fueron condenadas por ella. Está imputada a los siguientes delitos: corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir.

“Ya sabía que La Justicia estaba politizándose en Venezuela, pero nunca me imaginaría que sería presa por hacer mi trabajo de forma independente y de acuerdo con mi conciencia”, dijo Afiuni, quien considera su prisión arbitraria así como la de Cedeño y de otros presos políticos.

El motivo de la prisión - El último día 10 de diciembre de 2009, los defensores de Cedeño, en audiencia, solicitaron la revisión y sustitución de la medida preventiva de libertad contra su cliente, quien llevaba detenido casi tres años, sin juicio y sin sentencia, en razón del desinterés y omisión del Ministerio Público, al no comparecer por segunda vez a la convocatoria del Tribunal 31° de Control del Área Metropolitana de Caracas, sin justificación ni razones suficientes.














El principal argumento fue la desproporcionada y arbitraria prolongación de la privación judicial de libertad de Eligio Cedeño, por un lapso mayor a los dos años previstos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Juntamente presentaron la contundente opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que recomendó la puesta en libertad de Eligio Cedeño, dada la arbitraria prolongación de su cautiverio.

La jueza Afiuni luego se pronunció reconociendo la "falta de interés" en agilizar y aplicar la debida celeridad al proceso por parte del Ministerio Público y que el peligro de obstaculización de la investigación había dejado de existir, dado que la misma había sido concluida.

De esta manera, la magistrada acordó imponer a Eligio Cedeño las medidas de presentación ante el tribunal cada 15 días y la prohibición de salida del país, advirtiendo que de ausentarse e incumplir las restricciones impuestas, ella misma lo buscaría "bajo las piedras" si fuera necesario, ordenando así la inmediata libertad de Eligio Cedeño e indicando al alguacilazgo que lo acompañara hasta las puertas del Palacio de Justicia.



El caso de la juez Afiuni ha movilizado a las principales organizaciones internacionales, siendo clasificado como prisión política por la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras.

“Encarcelar a una juez por hacer su trabajo, decidiendo por encima de las leyes venezolanas e internacionales no es algo que se espere en una democracia que funcione. Una vez más el gobierno de Hugo Chavez muestra su falta de respeto y su desprecio por el principio de la libertad judicial”, criticó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

La audiencia preliminar del juicio de Afiuni fue fijada para el próximo 3 de mayo.

No te pierdas el reportaje televisivo sobre el caso.


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